El rescate de Monterrey

Nexos - El rescate de Monterrey
01/10/2010
Manuel Camacho Solís ( Ver todos sus artículos )

Aún es posible revertir el problema de la violencia que está destruyendo a Monterrey y que pone en riesgo a toda la Nación. Se necesita probar otro enfoque. Porque si, para enfrentar la violencia en Monterrey, todo se cifra en construir capacidad táctica para combatir a las organizaciones criminales, se perpetuará el círculo vicioso donde la violencia genera más violencia. En Monterrey se puede experimentar con un enfoque diferente que atienda con mayor efectividad las urgencias de la seguridad pública, pero que al mismo tiempo construya prestigio y autoridad institucional, confianza e inclusión social.

Se puede recuperar la confianza de la sociedad y el prestigio de las instituciones con un modelo diferente de coordinación en las áreas de seguridad y justicia de la federación y el gobierno estatal, premisas claras de actuación que favorezcan al Estado de derecho, solidaridad federal, un programa de emergencia a favor de los jóvenes y los excluidos que habitan en las colonias populares que ejecute un organismo presidido por el gobernador, donde se concentren las facultades federales y locales, recursos frescos provenientes del PEF 2011 y la movilización concertada de la sociedad civil a favor de las nuevas generaciones que revitalice su identidad, orgullo regional y en los valores en los que la ciudad ha fincado su confianza y progreso.

El arreglo de la seguridad pasa por el arreglo de las instituciones y la política. La inseguridad, en los niveles que la estamos viviendo, es un problema político. No sólo es de seguridad pública sino de ineficacia del Estado. En la historia sobran los ejemplos: la caída de Roma se precipitó por el debilitamiento de sus instituciones y ocasionó la desaparición de las garantías a la vida y la propiedad; la violencia en Colombia se disparó a raíz del conflicto político que llevó al bogotazo. En nuestra propia historia los desarreglos de la política en el siglo XIX hicieron crecer al presencia de los salteadores de caminos y, su control, fue más el resultado del arreglo político —con Díaz— que de la persecución punitiva. Lo mismo ocurrió en el siglo XX después de la Revolución.

¿Cómo se llegó a la situación actual?
Monterrey prosperó bajo el liderazgo de un grupo de empresarios esforzados que integraron sus empresas en base a una cultura del ahorro, la inversión, la innovación y una influencia determinante en los valores de la sociedad a través de su apoyo a los centros universitarios y su influencia en los medios de comunicación. Esa autonomía relativa les permitió negociar condiciones favorables a sus empresas con distintos gobiernos federales con quienes tuvieron diversos niveles de cercanía o confrontación, manteniendo su influencia nacional y su hegemonía local.
La autonomía y fortaleza de la ciudad empezó a perderse cuando la prosperidad de las empresas pasó a depender crecientemente de las negociaciones con el gobierno y cuando el amasamiento de las fortunas y su dispendio se convirtieran en el objetivo principal o hasta único. Se llegó al punto donde ya no importaba cómo se habían hecho las fortunas, sino cuánto se aportaba a su engrandecimiento. Los valores conservadores que habían ayudado a integrar a esa sociedad fueron debilitando su influencia en favor de un materialismo e individualismo extremos.
En Nuevo León los gobiernos locales fungieron como mediadores entre su clase empresarial y los intereses políticos de los respectivos gobiernos federales, entre esos grupos empresariales y los sectores populares. Invariablemente, con mayor o menor grado de cercanía con los empresarios, los gobernadores del estado encontraron acomodo con los valores e intereses de la clase empresarial. A lo largo de las décadas llegaron a presentarse movimientos que cuestionaban este orden social, pero ninguno logró trastocarlo.

La violencia ha crecido en Monterrey como producto de la desintegración social, la pérdida de oportunidades para muchos jóvenes que vieron frustradas sus expectativas, así como por la acción y expansión de las organizaciones criminales, para quienes en algún momento la ciudad, por su propia estabilidad y prosperidad, les servía de refugio para ellos y sus familias, pero que ahora se ha vuelto un campo de batalla por su valor estratégico en su lucha contra las fuerzas federales para quienes representa una enorme dificultad tener que enfrentar tácticas de guerra irregular en una zona urbana densamente poblada y fácilmente vulnerable que, además, tiene la atención de los medios nacionales e internacionales.
Por la importancia de la ciudad, lo que hoy se vive habrá de cambiar. O lleva a una catástrofe social, o se impone un orden autoritario pasajero, o se encuentra una ruta de mejoría. Ni la sociedad regiomontana, ni el Estado mexicano, ni la opinión internacional van a aceptar que se hunda Monterrey en un mar de violencia. Si el gobierno no fuera capaz de ofrecer una respuesta convincente, es previsible que ahí se desarrollen fórmulas de violencia paramilitar que no harán sino perpetuar la violencia y deteriorar aún más el prestigio de las instituciones públicas.

El contexto nacional: “Guerra” e inercia
La política de seguridad que actualmente aplica el gobierno federal está dominada por la reacción y el sentido de urgencia, más que por una visión y un nuevo diseño que haga posible recuperar la iniciativa. Cuando se concluye, como piensan algunos en el gobierno federal, que se logrará vencer al crimen el día en el que a un comando de camionetas de delincuentes se le pueda vencer con la reacción inmediata de una fuerza policíaca superior, me temo que eso no será suficiente, o incluso que lleve a perder la perspectiva desde el punto de vista táctico, en tanto que quien desde la delincuencia toma la iniciativa tendrá una ventaja, empezando por la de abrir otros frentes de batalla. Pero, sobre todo, ese enfoque deja de lado las premisas que legitiman la acción del Estado, desde el necesario apego de sus acciones a la ley y al debido proceso legal, hasta la urgente necesidad de recuperar el prestigio de las instituciones del Estado y la confianza social.
Para el Estado mexicano resulta crucial recuperar la confianza pública en que la violencia y la inseguridad pueden ser acotadas y reducidas sin poner en riesgo el orden constitucional, la democracia y las oportunidades futuras de desarrollo.
El rescate de Monterrey debiera ser una prioridad nacional y la oportunidad para probar que se puede recuperar la soberanía sobre el territorio con mejores fórmulas de coordinación, programas sociales emergentes y una política de seguridad de Estado. La ciudad —su zona metropolitana— es suficientemente importante y a la vez delimitada en su alcance, como para que ahí se pruebe la efectividad de nuevas fórmulas que prestigien a las instituciones públicas, faciliten la movilización certera de la sociedad y aumenten la cohesión social.
Este es el momento de evaluar las opciones que existen para los próximos meses y de generar una opinión favorable a aquella opción que ofrezca mejores resultados a los largo del tiempo. Este también es un momento para convenir los apoyos federales necesarios y generar un movimiento de solidaridad a favor de Monterrey y de otras ciudades gravemente dañadas por la violencia, como Ciudad Juárez.

Necesaria revisión de las premisas

La política de seguridad que ha llevado a cabo el gobierno de Felipe Calderón se convirtió en el sostén más importante de su aprobación pública y del respaldo internacional a su gobierno. La mayoría aceptó el discurso del gobierno que sostiene que los gobiernos anteriores dejaron crecer el problema del narcotráfico, que era impostergable hacerle frente y que, para ello, se declaraba una “guerra” que hiciera posible exterminar ese mal.Para apoyar la política gubernamental han crecido significativamente los recursos presupuestales dedicados al combate del crimen, se han enviado y aprobado numerosas leyes, se aceptó una mayor injerencia norteamericana bajo el manto del Plan Mérida de cooperación bilateral y se ha intentado construir una policía nacional confiable.
En un principio, esta política logró una amplia aprobación pública. Sin embargo, conforme ha pasado el tiempo, han crecido significativamente el número de ejecuciones y se ha incrementado la presencia y el peso de las organizaciones criminales en varias regiones del país y en las más diferentes actividades, se han multiplicado las críticas a la política y ha ido cayendo la aprobación pública.
El gobierno, sin embargo, no ha sido capaz de ajustar su política. Ha hecho algunos cambios en su discurso, pero no ha sabido salirse del aislamiento, construyendo una verdadera política de Estado que unifique a las fuerzas políticas; tampoco ha variado sus acciones reales que están concentradas en el combate al crimen “donde éste se presente”. El gobierno ya es víctima de su propia inercia que está determinada por las necesidades de la operación persecutoria más que por la revisión de las premisas y la estrategia en las que descansa su acción.
La política de seguridad no puede circunscribirse a dedicar más recursos para incrementar el poder de fuego. El objetivo debiera ser fortalecer al Estado, pero no sólo en su capacidad de coerción, sino sobre todo en su autoridad moral y en su capacidad de respuesta a las necesidades sociales.Su objetivo no debiera ser ganar una “guerra” a las organizaciones criminales, sino pacificar al país y mejorar la seguridad de la población. Proteger la vida y las propiedades de los ciudadanos, y circunscribir el uso de la coerción a límites legales claros.
Hay que recordar que la razón primera del Estado es cuidar la vida y las propiedades de los ciudadanos. Cuando se fracasa en esa tarea, no sólo fracasa el gobierno, o el partido que gobierna; fracasa el Estado. Y si fracasa el Estado, se ha abierto la vía para el enfrentamiento de todos contra todos; para que el hombre sea el lobo del hombre (Hobbes).También hay que recordar que el enfrentamiento sólo se detiene con el pacto (Locke), donde la sociedad entrega las armas al Estado y éste asegura la convivencia y la cooperación. El pacto son las reglas para todos. La regla principal es todo dentro del derecho. Y el derecho obliga a los ciudadanos, sin exclusiones ni privilegios; también obliga, y principalmente, a los gobernantes. Sin su ejemplo resulta imposible recuperar la confianza.

En vez de abonar a la guerra de todos contra todos, hay que regresar al principio fundador de orden que es el pacto: donde todos, empezando por los gobernantes y quienes tienen más poder y riqueza, aceptan cumplir con las reglas (orden legal) para protegerse a sí mismos.
El pacto político debe ser reforzado por el crecimiento de las oportunidades. Una parte de la sociedad dará cobijo a la violencia si no tiene un horizonte de mejoría y esperanza, sobre todo para los jóvenes. En los próximos años la pacificación de México va a requerir de grandes acuerdos y de una estrategia de crecimiento incluyente de la economía.
En vez de derrotar al enemigo al costo que sea, debiera ser prioritario fortalecer la presencia y soberanía del Estado en el territorio con apego a la ley: con respeto a los derechos humanos, al debido proceso legal y la condena sólo para aquellos a quienes se les pueda demostrar su culpabilidad.
En vez de permitir la justicia por propia mano, el surgimiento de organizaciones paramilitares o comandos fuera de la ley, lo fundamental es fortalecer al Estado y su soberanía sobre todos.
En vez de negociación con las organizaciones criminales que algunos sugieren, será necesaria la negociación en la sociedad política de las nuevas reglas a las que habrán de someterse todos, incluyendo a los delincuentes y empezando por los gobernantes.
En vez de utilización de la política de seguridad para propósitos partidistas, habrá que construir una política de Estado que comprometa a todas las fuerzas políticas en la misma dirección.

Un enfoque alternativo a favor de Monterrey
El rescate de Monterrey es una necesidad y una oportunidad para probar que se puede romper el círculo vicioso de la violencia con nuevos enfoques, desde los estrictamente relacionados con el tema de la seguridad, como la coordinación única de la información y la operación que incluye la inteligencia y el seguimiento al lavado del dinero; hasta la inclusión de otros componentes de carácter social y político que son los que pueden hacer la diferencia, tales como la recuperación del prestigio de las instituciones, el blindaje de la autoridad política y las acciones inmediatas que contribuyan a una mayor cohesión social.
Para contribuir al rescate de Monterrey y probar que existen posibilidades de corrección en la política de seguridad que puedan facilitar los acuerdos para una política de Estado, se podrían llevar a cabo las siguientes tres acciones.La primera: establecer una coordinación única de información y operación en materia de seguridad.
La segunda: crear un organismo de carácter temporal que concentre todas las facultades federales y locales, encabezado por el gobernador, para llevar a cabo un programa social emergente a favor de los jóvenes y el mejoramiento de las colonias populares. Para sostener ese programa emergente debieran aprobarse en el PEF 2010 recursos adicionales del orden de cuatro mil millones de pesos.
La tercera: convenir los términos de una movilización ciudadana que contribuya a fortalecer la cohesión social, reforzar los valores que dieron grandeza a Monterrey y a proteger a las nuevas generaciones.

A casi cuatro años de iniciada la “guerra” contra el narcotráfico se sigue sin resolver el problema de coordinación en materia de seguridad, cuya solución es la que ofrece la mejor oportunidad de mejoría en el corto plazo. Con los actuales niveles de violencia es increíble que todavía no exista la necesaria coordinación en el territorio. Se sigue discutiendo en zonas metropolitanas interconectadas sobre la autonomía de las policías municipales. Sobre el papel de las policías estatales. En el propio gobierno federal persiste un alto grado de autonomía en las acciones, pues por un lado actúa el Ejército, y por otros, la Marina, la Policía Federal, la PGR. Los reclusorios tienen su propio espacio. Los tribunales su propio ritmo. No hay en el conjunto de las instituciones definiciones claras de coordinación, incluso en la comunicación, hasta el muy reciente nombramiento de un vocero.

En Monterrey debiera establecerse un mando único de seguridad que concentre la información y la operación. Si no se puede lograr la coordinación en todo el territorio, al menos debiera probarse que es posible y muy benéfico para mejorar los resultados lograrlo en un espacio delimitado. Para lograrlo no se necesita cambiar ninguna ley, el Ejecutivo federal y el del estado tienen facultades plenas para lograrlo. Hay que sentarse en serio a definir la ruta y los responsables. La coordinación debiera tener muy claras las premisas (favorables al Estado de derecho) en las que sostiene su actuación. La coordinación aumentará de inmediato la eficacia operativa.
Con el mismo apremio con el que se enfrenta la emergencia de la seguridad, habría que llevar a cabo un programa social emergente a favor de los jóvenes y el mejoramiento de las colonias populares. Las dependencias del gobierno federal no están hechas para realizar con la debida efectividad una tarea de esa magnitud. Están dominadas por la inercia, regulaciones complejísimas e intereses burocráticos.

Debiera crearse un organismo emergente (federal-estatal) que concentre las facultades federales y locales necesarias, encabezado por el gobernador, para llevar a cabo el programa. La experiencia exitosa del organismo que se creó después de los sismos de 1985 para reconstruir la vivienda RHP (con facultades para expropiar, contratar obra, otorgar créditos, promover la organización social y otras) demostró que ante una emergencia se necesitaba otro tipo de organismo, más concebido como un comando que como una pesada estructura burocrática. Otro ejemplo federal-estatal fue la CODEZPET en Tabasco. Existen las facultades federales y locales para su creación inmediata.

Un organismo así, RSM (Rescate Social de Monterrey), permitiría llevar a cabo en un corto plazo un programa social emergente a favor de los jóvenes y el mejoramiento de las colonias populares. Imaginemos la importancia que éste tendría si pudiera becar a 200 mil jóvenes para que continúen en sus estudios, se capaciten o participen en acciones de mejoría social y protección del ambiente en las colonias más pobres. La sociedad podría tener una amplia y efectiva participación en este programa, para convertirlo en un símbolo de preocupación por los jóvenes y un timbre de orgullo para su ciudad.

Un programa así requiere recursos adicionales frescos. En los momentos actuales que se negocia el presupuesto, habría que prever una bolsa para este propósito. Si bien no existen condiciones para generalizar una acción así, desde luego existen posibilidades para financiarlo en lo inmediato, quizá para las primeras dos ciudades (Monterrey y Ciudad Juárez) donde se probaría su efectividad.
Para sostener ese programa emergente debieran aprobarse en el PEF 2010 recursos adicionales del orden de cuatro mil millones de pesos para Monterrey. El presidente del organismo debiera ser el gobernador. Su secretario técnico un funcionario federal con probada efectividad, honradez y sensibilidad social que, además, cuente con la confianza del secretario de Hacienda.
El rescate de Monterrey debe aprovechar el mayor recurso que tiene esa ciudad: la fortaleza de su sociedad civil. Las posibilidades para su movilización ahí están. Si se le convoca con una idea clara y en un esfuerzo de concertación donde se definan con claridad sus responsabilidades, con seguridad se volcará a apoyar el rescate de su ciudad.

La labor más importante que puede hacer la sociedad es contribuir a la protección de los más jóvenes. De las nuevas generaciones que, si no encuentran oportunidades, orientación y satisfacción en lo que hacen, podrían ser reclutadas por la delincuencia, alimentando un circuito interminable. Si ya no se puede parar el proceso con los que ya forman parte, la tarea más noble y útil es detenerlo con los que vienen.
Monterrey tiene todo para llevar a cabo una gran movilización social en favor de los jóvenes. Tiene recursos materiales y humanos. Experiencia. Medios de comunicación poderosos. Universidades prestigiadas. Iglesias. Clubes y asociaciones cívicas. Lo que no se puede hacer es convocarlos a enfrentar a la delincuencia. Ésa es una tarea del Estado. Lo que sí se puede hacer es facilitar que ese espíritu solidario resurja y se canalice hacia actividades que contribuyan a reforzar valores cívicos, éticos y al apoyo de los jóvenes y a los excluidos.

Manuel Camacho Solís. Coordinador general del Diálogo para la Construcción de México.