Ordenan al Estado abrir las auditorías

EL NORTE (120904)

• Ordenan al Estado abrir las auditorías. Desecha Tribunal recurso del Estado para ocultar los resultados de las auditorías realizadas por la Contraloría estatal.
• Los usuarios regiomontanos de Gas Natural Fenosa están pagando parte de un financiamiento de $2 mil 179 millones que la empresa adquirió para liquidar una cobertura del combustible.
• Renegociarán deuda del 'moreirazo'. Un año después de reestructurar la megadeuda que contrató Humberto Moreira, Gobierno de Coahuila informa que comenzó una renegociación de pasivos.
• Presume SNTE obra que no opera. Pese a que no tiene agua, luz ni muebles, la Casa del Maestro en Cd. Victoria es presumida por Arnulfo Rodríguez, líder del SNTE, como obra terminada.
• Sube ICV informe; faltan $71 millones. Publica el ICV informe financiero del segundo trimestre; advierte una disminución de 71 millones de pesos en su patrimonio, sin especificar motivos.
• El Gobierno federal advirtió a las telefónicas que, de no haber colaboración para bloquear celulares en las cárceles, serán sancionadas.
• Planes en NL y Jalisco para cogenerar energía se encuentran parados por falta de normatividad y trabas de la CFE.

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Ordenan al Estado abrir las auditorías

 

El Gobierno del Estado recibió un último revés en su intento por mantener ocultos los resultados de las auditorías realizadas por la Contraloría estatal.

 

Aunque la Consejería Jurídica del Gobernador Rodrigo Medina intentó echar por tierra la resolución de un Juez de Distrito, que declaró inconstitucional el Artículo 59 de la Ley de Administración Financiera, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa desechó el pasado 16 de agosto, de manera unánime, los argumentos del Estado.

 

El Artículo 59 de la Ley de Administración Financiera de Nuevo León establece que los resultados y programas de los órganos de control estatales deben permanecer bajo reserva.

 

Usando como pretexto ese precepto legal, la Contraloría y Transparencia Gubernamental, a cargo de Jorge Manjarrez, ha mantenido cerrados al público los resultados de las auditorías practicadas en las distintas oficinas de la Administración.

 

El pago de 402 mil pesos por la toma de la fotografía oficial de Medina fue el que originó este litigio y es uno de esos asuntos investigados en los que la dependencia estatal se ha negado a entregar copia de los resultados, pretextando que la Ley le obliga a reservarlos.

 

Pero, en opinión de la autoridad judicial, esa información debe ser pública y el Gobierno ya no tiene otra instancia judicial para pelear el asunto.

 

"Dada la insuficiencia de los argumentos de la autoridad recurrente para controvertir la totalidad de las consideraciones en que se apoya la declaratoria de inconstitucionalidad e inconvencionalidad del Artículo 59 de la Ley de Administración Financiera, lo procedente es declarar inoperantes los argumentos en estudio", dictó el Tercer Tribunal Colegiado.

 

"En estas condiciones", añadió, "al resultar ineficaces los agravios expuestos por la autoridad recurrente, se impone confirmar la resolución sujeta a revisión".

 

Así, el Tribunal dejó firme el amparo concedido a una ciudadana en marzo pasado por el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa, que consideró que el Artículo 59 contraviene no sólo la Constitución, sino también la Convención Americana de Derechos Humanos.

 

De acuerdo con la resolución del Juez Héctor Pérez, la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información, una vez notificada, tendrá que desechar la resolución en la que confirmó la reserva decretada por la Contraloría, para dictar una nueva en la que ordena la entrega de la documentación solicitada por la ciudadana.

 

Además, se establece que, en futuras peticiones, la Administración estatal ya no podrá aplicar a la ciudadana que solicitó la información lo establecido en el precepto legal combatido y declarado inconstitucional.

 

El caso de la fotografía costosa, que fue exhibido por EL NORTE el 25 de enero del 2010, llevó a la renuncia de un funcionario de tercer nivel, que presuntamente debió pagar -obligado por el Gobierno- el daño causado al erario, estimado por la misma autoridad en 296 mil 474 pesos.

 

Sin embargo, tanto la Contraloría como la Tesorería del Estado declararon reservados los documentos que forman parte de ese expediente, incluyendo los resultados de la investigación del caso y la papelería que documenta la presunta devolución de los recursos por parte del funcionario castigado.

 

Como parte de sus argumentos, el Consejero Jurídico del Gobernador, Hugo Alejandro Campos, intentó demostrar que el asunto debió denunciarse primero en el ámbito contencioso y que el análisis del juez sobre la constitucionalidad del Artículo 59 sólo operaba para uno de sus párrafos.

 

También argumentó que el Juez se extralimitó al analizar el ordenamiento legal a la luz de tratados internacionales, pero todos sus argumentos fueron considerados inoperantes.