miércoles, 12 de diciembre de 2012

Tercer informe de gobierno. “Desastrosa”, administración de Medina en Nuevo León. Más violencia, menos empleos

La infiltración del crimen organizado en las dependencias de gobierno, una sociedad con miedo y la falta de transparencia son resultado de 3 años de administración de Rodrigo Medina, señalan diputados del PAN y del PRD. Indican que el Ejecutivo de Nuevo León no ha dejado de ser una pieza del exgobernador González Parás. No obstante, en su Tercer informe de gobierno, el priísta asegura que hay avances en seguridad, educación, salud, desarrollo social y económico

Decenas de asesinatos y desapariciones asolan a diario a los residentes de Nuevo León. "Diversos reportes informan que el 80 por ciento de los neoleoneses se siente con temor, y nuestro estado es el más inseguro del país, al superar a Chihuahua y Sinaloa", señala María del Socorro Ceseñas Chapa, diputada federal por el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

—¿Ha permitido Rodrigo Medina la infiltración del crimen organizado en las dependencias del gobierno estatal?

—La ha fortalecido. La infiltración ya existía desde sexenios anteriores. Ésta se acentúa con Natividad González Parás, quien había llegado con fuertes inversiones políticas y permitió una mayor intromisión de los narcos, no sólo en lugares lejanos de la capital, sino en municipios conurbados, como Santa Catarina, San Nicolás de los Garza, Guadalupe y Cadereyta.

—¿Existe un grupo en particular del crimen organizado fortalecido en el estado?

—Podrían ser Los Zetas. Lo que pasa aquí es que las autoridades de distintos niveles de gobierno no combaten a estos grupos, sino que protegen a uno, y es lo que genera los enfrentamientos. Ahora, el gobierno del estado se ha sentido incompetente y ha solicitado la presencia del Ejército y de la Marina.

De acuerdo con cables diplomáticos filtrados por Wikileaks en 2009, el consulado general de Estados Unidos en Monterrey le informó al Departamento de Estado, de Comercio y a la Agencia Antidrogas de aquel país (DEA, por su sigla en inglés), lo que Aldo Fasci –entonces secretario de Seguridad Pública estatal– estimaba: el 50 por ciento de las fuerzas policiacas de Nuevo León estaban infiltradas por los cárteles de la droga.

La averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/ 041/2012, fechada el 8 de febrero pasado, da cuenta de la infiltración de Los Zetas en las policías locales.

Según la indagatoria, ese grupo pagaba una narconómina que incluía a diferentes funcionarios de las policías estatales y municipales; además, contaba con un enlace en el gobierno de Rodrigo Medina, el cual le permitía mantener a salvo su estructura.

Pero Los Zetas no son los únicos narcotraficantes presentes en la entidad. A principios de octubre pasado fueron colgadas narcomantas de Los Caballeros Templarios –escisión de La Familia Michoacana– en Monterrey, en las cuales lanzaban amenazas contra los primeros. Hasta entonces, Los Caballeros Templarios no figuraban como parte de la delincuencia organizada en la capital, considerada de gran importancia estratégica para el trasiego de drogas.

Jorge Domene, vocero del Consejo de Seguridad de Nuevo León, explica que lo anterior se debe a la caída de Heriberto Lazcano Lazcano, líder de Los Zetas, supuestamente abatido por la Armada de México el pasado 7 de octubre. Debido a la presencia de Los Caballeros Templarios en Monterrey, diversos analistas prevén un aumento significativo de la violencia en la entidad.

Víctor Fuentes Solís, diputado federal por el Partido Acción Nacional (PAN), señala que en Nuevo León los ciudadanos son cada vez más vulnerables, debido a la falta de atención del gobierno para prevenir la violencia y a su ineficacia para combatirla.

"Se debe de llevar una estrategia adecuada para que los policías locales tengan una certificación que les permita desarrollar un trabajo que responda a las necesidades sociales; se necesitan exámenes de confianza, equipamiento y un mejoramiento de la capacidad técnica y operativa".

Para la legisladora Ceseñas Chapa, la violencia en la entidad ha afectado a la economía: negocios de todo tipo, grandes y pequeños, han cerrado no sólo por el aumento de ésta, sino por las extorsiones de las que son víctimas los propietarios a manos del crimen organizado.

"Rodrigo Medina cree que con más policías, militares y penas más severas es la manera en la que pueden atenuar la inseguridad, pero eso es un error gravísimo. En la izquierda [política] pensamos que es mejor prevenir que curar. Se deben de generar empleos bien remunerados, crear una cobertura de educación de calidad y dar opciones deportivas y culturales a la población, todo esto está asentado en nuestra Constitución", señala la diputada.

En lo que va de su gobierno, Rodrigo Medina ha destinado 2 mil 248 millones de pesos para mejorar la seguridad de los ciudadanos, 64 por ciento más recursos que los ejercidos en los últimos 3 años de la anterior administración.

No obstante la inseguridad, el pasado 10 de octubre, al presentar su Tercer informe de gobierno, el gobernador de Nuevo León aseguró que se han desarticulado más de 165 bandas del crimen organizado y se han detenido a más de 12 mil delincuentes, en colaboración con el Ejército Mexicano, la Armada de México y la Policía Federal.

Según el mandatario, la fuerza civil ha logrado ser 700 por ciento más efectiva que la anterior, gracias al gasto de 365 millones de pesos para capacitar a más de 2 mil policías.

La diputada María del Socorro Ceseñas no está de acuerdo con el discurso oficial. En entrevista con Contralínea, califica como "desastrosos" los primeros 3 años de la administración estatal priísta: Rodrigo Medina no ha sabido actuar acorde con la situación que vive la entidad.

La legisladora señala que el Tercer informe de gobierno está lleno de mentiras, cinismo, incompetencia, mediocridad y opacidad en acciones donde se han detectado actos de corrupción.


Corrupción


Los hechos de corrupción en la entidad son innegables. El propio Rodrigo Medina se refirió –en su Tercer informe de gobierno– a uno de los  casos que ha desacreditado a su administración: la pérdida de más de 300 mil juegos de placas de automóviles.

Señaló que cinco funcionarios del Instituto de Control Vehicular ya están siendo procesados penalmente y que todavía falta por cumplir una orden de aprehensión.

Y es que, a finales de julio de este año, dicho Instituto anunció que se habían "perdido" 312 mil juegos de placas vehiculares. Para la diputada Ceseñas, el riesgo de este hecho es que las placas se podrían utilizar por la delincuencia organizada para montarlas en autos robados.

"Hay una corrupción y una impunidad terrible. Se culpa a los veladores, pero no es posible sacar toneladas de placas sin la complicidad de alguien con un alto cargo en la institución", señala Ceseñas Chapa.

El legislador Fuentes Solís comenta que, en materia de corrupción, es importante destacar que la administración de Rodrigo Medina muestra una clara falta de transparencia. "No se consulta ni se informa a la ciudadanía, sólo se cumplen compromisos previos".

Salud


Otros rubros que no convecen a los legisladores de oposición, y con los que el gobierno del estado se encuentra "satisfecho", según se desprende del Tercer informe de gobierno, son salud, educación y economía.

Según Rodrigo Medina, en salud se ha alcanzado la cobertura universal del Seguro Popular, mediante la afiliación de 1 millón 515 mil 218 personas; además, el estado se ubica en el primer lugar de detección de cáncer de mama por mastografía.

El gobernador mencionó que para ampliar la cobertura se han construido tres hospitales: unos en Sabinas Hidalgo, otro en Montemorelos y uno de alta especialidad en la capital, Monterrey.

El Informe omitió referirse a las anomalías financieras en el sistema de salud, detectadas por la Auditoría Superior de la Federación, por 460 millones de pesos: subejercios, presunto desvío de recursos y pagos irregulares (Contralínea 310).

El panista Fuentes Solís opina que en esta materia hay "una clara visión paternalista [en la que] se subsanan algunos servicios que no son suficientes para el grueso de la población. A la larga, el problema irá creciendo y tendrá un costo político mayor para el gobernador y sus funcionarios".

Para la diputada perredista, "al gobierno estatal le interesan los negocios, no una población sana. Las cifras en diabetes son muy altas en la entidad. La gente no puede gozar de buena salud si no tiene dinero suficiente para comprar los insumos básicos y llevar una alimentación adecuada".


Educación


El discurso oficial señala que en materia de educación  se han invertido 3 mil 226 millones de pesos en la construcción de 139 planteles y en el mejoramiento de 6 mil 739 espacios, que benefician a 208 mil alumnos.
También, que se incrementó en 3 años la matrícula escolar 18 por ciento respecto al periodo 2008-2009; es decir, se integraron 26 mil nuevos alumnos al sistema de educación pública.

Además, se entregaron 303 mil becas a estudiantes, cuya inversión sumó los 231 millones de pesos.


Economía


En su Tercer informe de gobierno, Rodrigo Medina explicó que la zona metropolitana de Monterrey es la más competitiva entre 77 ciudades del país. Asimismo, se tiene planeado alcanzar la cifra de 2 mil 500 millones de dólares de inversión extranjera para el estado.

Menciona que en sus primeros 3 años se han colocado 225 mil personas en el mercado laboral y los programas Jale y Nuevo León Sí Estudia Sí Trabaja han dado empleo a más de 50 mil personas.

En ese sentido se otorgaron créditos por 37 millones de pesos, lo cual, en algunos casos, generó o favoreció a cerca de 17 mil empleos en la entidad.
Socorro Ceseñas no cree que con estos resultados pueda haber un avance contundente en su estado: "No se toca la corrupción ni se abate la pobreza; mientras éstas prevalezcan, no podrá haber una política de gobierno benéfica en materia de seguridad, salud, empleo y educación. La pobreza no se abate con una despensa".

—¿Existe un cambio de estrategia del gobierno estatal en los próximos tres años?

—No. El gobernador va a tratar de sostenerse, pero no creo que termine su administración. Tal vez sea llamado por el presidente para integrarlo a su equipo. [Rodrigo Medina] es manejado todavía por Natividad González. Es el "modelito [Enrique] Peña Nieto": sólo imagen al servicio de otros intereses.

La legisladora perredista asegura que en Nuevo León hay desencanto, desesperanza, rabia y enojo. El gobierno, indica, no está atendiendo los problemas de fondo y éstos se van a recrudecer.

Para este trabajo se solicitó entrevista con Pablo Gámez y Adrián Moreira, responsables de las áreas de Comunicación Social del gobierno de Nuevo León y de la oficina del diputado federal priísta, Abel Guerra, respectivamente. Al cierre de edición, no hubo respuesta.

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Fuente: Contralínea 314 / Diciembre 2012



sábado, 1 de diciembre de 2012

Medina y Larrazabal ocultaron información sobre Casino Royale, acusa la CNDH

Medina y Larrazabal ocultaron información sobre Casino Royale, acusa la CNDH

El casino Royale después del ataque. Foto: Germán Canseco
El casino Royale después del ataque.
Foto: Germán Canseco
MONTERREY, N.L. (apro).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) determinó que el Casino Royale, en el que perecieron 52 personas en un ataque incendiario perpetrado el 25 de agosto de 2011 “operaba de manera insegura y en la ilegalidad”.
En la investigación posterior a los hechos, la CNDH encontró también que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), encabezada por Margarita Martínez, obstaculizó las pesquisas posteriores a la tragedia.
En la recomendación 66/2012, emitida el jueves 29, el organismo estableció que el gobierno del priista Rodrigo Medina y el entonces alcalde de Monterrey, Fernando Larrazabal, actual diputado federal panista, se abstuvieron de proporcionar información al ombudsman nacional para esclarecer estos hechos.
Puntualizó la CDH:
“Las citadas autoridades demostraron una falta de compromiso con la cultura de la legalidad, así como a una efectiva protección y defensa de los derechos humanos. Además, demostraron un desprecio a la obligación que tienen los servidores públicos de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con lo que establece el artículo 1 de la Carta Magna”.
En el documento, el presidente de la CNDH Raúl Plascencia Villanueva denunció que ni el gobierno estatal ni el regiomontano emprendieron investigaciones para deslindar la responsabilidad de funcionarios en los hechos.
Hasta el momento, ninguna autoridad ha sido sancionada por el incendio.
Es más, el procurador Adrián de la Garza señaló que la tragedia fue responsabilidad exclusiva del comando de Zetas que incendió el negocio en represalia porque sus propietarios no accedieron a pagar una cuota por extorsión.
La recomendación fue emitida al mandatario nuevoleonés, a los miembros del ayuntamiento regiomontano; a la presidenta de la CEDH; al secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, así como a la titular del Trabajo y Previsión Social (STPS), Rosalinda Vélez Juárez.
En la larga exposición de hechos se establece que la Segob, que entonces encabezaba Francisco Blake Mora, fallecido en noviembre del año pasado, incumplió con la revisión de los permisos de operación con los que operaba el Casino Royale, pues quedó demostrado que esos documentos fueron empleados para abrir otros establecimientos.
Una inspección efectuada al casino después del incendio reveló que en el interior operaban máquinas de juegos ilegales, lo que evidencia la ausencia de visitas de la dependencia al establecimiento.
Así, la STPS incumplió en hacer inspecciones al lugar, pues debió cerciorarse, por lo menos, que estuviera en funciones una unidad interna de respuesta inmediata para contingencias, misma que nunca fue conformada.
Tampoco fueron efectuados, al menos una vez al año, los simulacros obligatorios de emergencia por incendios.
El gobierno estatal y el ayuntamiento de Monterrey se excusaron simultáneamente sobre las verificaciones que tenían que hacerse en materia de protección civil en el centro de apuestas, aunque los dos legalmente tenían facultades para hacerlo.
Protección Civil del Estado, dependencia que dirige Jorge Camacho Rincón, se abstuvo de hacer las respectivas verificaciones en el interior del inmueble.
De esta manera, los peritos descubrieron luego del siniestro que una de las puertas de emergencia estaba atascada y que las víctimas no pudieron escapar por esos espacios.
Tampoco existía en el interior señalamiento informativo que indicara las salidas de emergencia, detectores de humo o hidrantes.
El ombudsman nacional también dictaminó que el establecimiento carecía de red hidráulica interna para combatir los incendios.
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos también incurrió en falta por obstaculizar la investigación, pues aunque entregó copias del expediente que integraba, comunicó a la CNDH que se quedaría con la investigación del caso, pues en él habían intervenido exclusivamente autoridades estatales y municipales.
“Lo anterior, para esta Comisión Nacional, representó una ausencia de colaboración y reflejó una falta de respeto por la cultura de la legalidad, además de un intento por obstaculizar el trabajo de este organismo nacional en la investigación de violaciones a los derechos humanos”, se destaca en la recomendación.
Al final, Plascencia Villanueva recomienda a Poiré revisar la legalidad de todas las casas de apuestas en el país; ordenar y actualizar el registro de establecimientos, así como colaborar con la Procuraduría General de la república (PGR) y la CNDH en las investigaciones que se sigan sobre el caso.
Además, recomienda a la Secretaria del Trabajo verificar las condiciones de seguridad de los casinos; registrar al personal que labora en esos establecimientos, e instruir a los trabajadores de la dependencia en materia de derechos humanos.
Y al gobernador y a la alcaldesa Margarita Arellanes los insta a revisar los establecimientos en la entidad para comprobar que trabajen en la legalidad y en condiciones de seguridad; que cumplan con las recomendaciones y que entreguen constancia de que lo hicieron y ayuden a las investigaciones que estas observaciones generen.
Asimismo, a la presidenta de la CEDH la instruye a capacitar a sus trabajadores en materia de competencia y facultades de servidores públicos, así como emprender acciones administrativas correspondientes.
Por último, la CNDH pidió a los órganos objeto de esta recomendación adoptar los correctivos necesarios y hacerlos públicos en el transcurso de los próximos 15 días hábiles.